Reforma laboral lesiva
Editorial
La Jornada, 30
septiembre 2012.
Las fracciones
parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción
Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal)
aprobaron una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que
legaliza, entre otras prácticas, los contratos a prueba, el outsourcing o
subcontratación de personal y el pago por hora. Tales modificaciones, en caso
de que sean aprobadas también por el Senado de la República, implican para los
asalariados un estado de desprotección aún mayor que el que padecen en el
contexto actual, caracterizado por décadas de políticas de contención salarial,
tolerancia a las mafias sindicales y a los sindicatos blancos,
desmantelamiento y saqueo de las instituciones de bienestar y seguridad social y
contracción económica sostenida.
Desde ese punto de
vista, la reforma legal referida representa una culminación de las políticas
neoliberales aplicadas durante cuatro sexenios consecutivos; refrenda la
hegemonía que ejercen los intereses patronales y antilaborales en el conjunto
de las instituciones y de la clase política, y confirma que los principales
órganos del Estado han renunciado a su condición de árbitro entre las fuerzas
sociales y productivas para decantarse abiertamente por un desempeño gerencial
y proempresarial.
Uno de los argumentos
centrales para aprobar la reforma laboral ha sido la necesidad de impulsar la
competitividad y la productividad en la economía nacional. Cabe preguntarse,
sin embargo, si es dable esperar mayor productividad y competitividad de una
fuerza de trabajo debilitada, despojada de garantías y conquistas y librada a
la persistencia de dirigencias sindicales mafiosas. Asimismo, es inevitable
dudar que la economía del país pueda ser más competitiva y productiva si en vez
de fortalecerse su mercado interno se abre un margen adicional a la explotación
desmedida y con ello se reduce a una buena parte de los trabajadores a la
condición de consumidores de mera subsistencia.
En contraste con la
cohesión y la solidez exhibidas ayer en la Cámara de Diputados por este frente
antipopular, las izquierdas partidistas y las organizaciones sociales no fueron
capaces de articular una política de resistencia eficaz para oponerse a las
modificaciones mencionadas, en la que convergieran el trabajo parlamentario y
las movilizaciones. Cabe preguntarse si lo lograrán y si podrán ejercer sobre
el Senado la presión necesaria para impedir que la reforma sea aprobada en sus
términos actuales y para inducir formas de consulta ciudadana que habrían
debido realizarse antes de desajustar una de las piezas fundamentales de la
legislación y de poner en riesgo, de esa manera, la armonía social y política
del país.
Voto del Diputado Federal Fernando Zamora Morales
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